Cada día nos desayunamos con varias noticias del sector inmobiliario y, haciendo uso del manido dicho “good news, no news”, éstas no acostumbran a ser muy halagüeñas. Y, aunque salvo en casos excepcionales, –es decir, cuando se trata de medidas gubernamentales o prácticas bancarias que afectan a los usuarios opotenciales compradores de viviendas–, las informaciones, análisis o pronósticos no suelen tener demasiado recorrido, la semana pasada las redes sociales ardían con dos declaraciones procedentes de sendas asociaciones inmobiliarias. Los numerosos comentarios al hilo de estas dos opiniones amplificaban su importancia y diseminaban su propagación con retuits jocosos, hirientes, divertidos o insultantes.
Una llegaba de boca del presidente de Asprima, la Asociación de Promotores de Madrid, que sorprendía a propios y extraños diciendo que España necesita tres millones de viviendas más, como recogió el diario El Mundo. ¿Pero no tenemos un stock que supera las 800.000 unidades? se preguntaban en los foros, al tiempo que sacaban punta a esas manifestaciones de José Manuel Galindo. Además, mientras el presidente de la patronal madrileña afirmaba sin titubeos que “España es el segundo país de la Unión Europea en el que más gente hay por vivienda, de ahí el déficit de unidades”, el economista Josep Oliver insistía tres días antes en que “España es el país del mundo con más propietarios de pisos”. ¿En qué quedamos, entonces?
Evidentemente, Asprima defendía los intereses de sus asociados y buscaba cauces para reactivar el mercado inmobiliario y la construcción de nuevas viviendas en España, que en estos momentos está bajo mínimos. Indudablemente, es algo muy legítimo, pero cabe preguntarse si resulta responsable utilizar como vehículo unas declaraciones llevadas al extremo.
Y cuando todavía no se habían apagado los rescoldos de las encendidas declaraciones de Asprima, el G-14, lobby de las principales inmobiliarias, reconocía a Europa Press el preocupante stock de viviendas existente en el mercado español y proponía, para absorber ese excedente, ampliar a la compraventa de viviendas de segunda residencia las medidas aprobadas para la primera vivienda; a saber, IVA ‘superreducido’ del 4% y desgravación en el IRPF.
Este puzzle de piezas que no encajan trasluce claramente que cada uno barre para su casa y maneja los datos a su antojo, creando un panorama realmente desconcertante no sólo para los profesionales que trabajan en el sector inmobiliario sino también para el comprador final de vivienda, que no sabe si comprar ahora, esperar tres meses o dejar la adquisición para el año que viene.
¿Tan difícil es ponerse de acuerdo en un asunto en el que parte del problema es cuantitativo? Los distintos agentes deberían reunirse, evaluar conjuntamente la situación con criterios homogéneos y tomar medidas que den respuesta a dos preguntas de índole diversa. Primero, en lo que a los trabajadores y empresas que viven de este negocio se refiere: ¿Cuál es la verdadera situación y qué se puede hacer para impulsar el sector? Y en lo que atañe al ciudadano de a pie, a la persona que quiere comprarse una vivienda: ¿Podrá adquirir una vivienda en las mejores condiciones y con todas las garantías?
Dejémonos de marear la perdiz, pongámonos todos de acuerdo y ahora que se habla tanto de pactos, pactemos una fórmula única para salir todos lo menos maltrechos posible de esta crisis.
