¿Se saneará la banca española esta vez, el cuarto intento desde que comenzó la crisis hace ahora cinco años, y el segundo en lo que va de esta legislatura? ¿Aflorarán de una vez por todas las entidades sus activos tóxicos y serán capaces de provisionar su contaminación?
Tras la nacionalización de Bankia a toda prisa, la incredulidad y desconfianza no sólo ronda a los ciudadanos sino también a los mercados, que sacan a España del grupo de Italia para meterla en el de Irlanda y Portugal, es decir, de los países que han sido rescatados sin remisión. Como decía hace unos días en Expansión José Antonio Fernández Hódar, “¿De qué tamaño es el agujero que tienen las cajas? ¿Cuántos miles de millones de euros es la cartera inmobiliaria con problemas de nuestros bancos y cajas? Las cifran marean y hemos llegado a una situación en la que, digan lo que digan, nadie se lo va a creer”.
El Gobierno socialista y el PP en su primer asalto no hicieron más que poner un cortafuegos de cartón piedra a una situación gravísima que desequilibra absolutamente la balanza de la economía española (el sector inmobiliario tiene un peso de 308.000 millones en el balance de los bancos, de los que 184.000 se consideran activos de riesgo). Ahora el Ejecutivo se propone crear una sociedad inmobiliaria de gestión (curioso eufemismo para no hablar de “banco malo”). Cabe preguntarse si es ésta la solución más eficaz. Tal y como recogía la semana pasada el periódico Cinco Días, esta fórmula para agrupar los activos problemáticos ha dado resultados muy diferentes en los países en los que se ha aplicado. Así, en Estados Unidos el Estado entró en el capital de los bancos con activos tóxicos; el TARP está dotado con 700.000 millones de dólares y tiene 10 años de vigencia. Según se detalla en el artículo, las ayudas empezaron a devolverse en 2009 y en algunos casos, como en la intervención en Citi, el Tesoro ha ganado 9.000 millones de euros vendiendo sus acciones más caras de lo que las compró. También han sido exitosas las intervenciones en la banca alemana, animada por la buena marcha de la economía doméstica, y en la holandesa.
Caso muy distinto es el de Reino Unido, donde la nacionalización de bancos como Lloyds o RBS ha supuesto pérdidas cuantiosas. Y, a la vista de lo sucedido, tampoco ha sido la mejor solución en Irlanda, que acudió en ayuda de los bancos en forma de bonos públicos a cambio de activos, lo que se tradujo en una deuda pública insostenible y el consiguiente rescate de Bruselas.
¿Y qué pasa en España? Nuestros bancos apalancados hasta extremos insospechables vuelven a contar con el auxilio del Estado, que hasta la semana pasada había aportado una ayuda directa al sistema financiero por valor de 21.627 millones de euros y que inyectará, según cálculos del propio Gobierno, 15.000 millones más en forma de bonos contingentes convertibles (a los efectos, un préstamo retribuido a tipos de interés cercanos al 10%, que se convertirán en acciones en caso de dificultades). Eso sí, esta vez, las entidades, además de apartar sus activos del ladrillo, deberán reconocer su depreciación en los balances y provisionar más su exposición al riesgo promotor y constructor.
Cabe preguntarse si este rescate será suficiente y si será el definitivo, algo sobre lo que opina Santiago Carbó en el diario El País. La primera prueba la tendremos hoy mismo: el Tesoro podrá calibrar la reforma financiera con el resultado que tenga su emisión de letras a 12 y 18 meses, con la que espera captar entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Y el jueves se someterá a un nuevo examen de los mercados con una emisión de bonos y obligaciones. Confiemos en que apruebe…
